El proyecto de ley, conocido como Ley Laken Riley, que actualmente se debate en el Congreso de los Estados Unidos, tiene como objetivo otorgar a los estados mayores poderes para intervenir en la aplicación de las leyes de inmigración, permitiendo, entre otras cosas, que los fiscales generales y los jueces federales tengan un mayor poder de decisión. papel activo en la toma de decisiones sobre detenciones y deportaciones. La iniciativa respaldada por el Partido Republicano ya pasó por la Cámara de Representantes y avanza en el Senado con apoyo bipartidista, aunque necesitará el apoyo de al menos siete senadores demócratas para su aprobación final.
El nombre de esta ley proviene de Laken Riley, una joven estudiante universitaria que fue violada y asesinada por un inmigrante indocumentado que fue detenido y liberado varias veces. Este trágico caso no sólo se convirtió en un símbolo durante la campaña presidencial de Donald Trump y otros candidatos republicanos, sino que también fue central para justificar el endurecimiento de las políticas migratorias propuestas en esta ley.
Poder extendido para los estados
Una de las disposiciones más notables de la Ley Laken Riley es la capacidad que otorgará a los estados para demandar al gobierno federal en los casos en que crean que las leyes de inmigración no se están aplicando adecuadamente. Los precedentes de la Corte Suprema actualmente limitan tales acciones judiciales, pero el proyecto de ley busca revertir esa jurisprudencia, permitiendo a estados como Texas intervenir en decisiones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) relacionadas con la liberación de inmigrantes detenidos.
«Los estados necesitan herramientas para hacer frente a un presidente que decide no hacer cumplir las leyes de inmigración», dijo Jessica Vaughn, directora de investigación de políticas del Centro de Estudios de Inmigración, un grupo que aboga por políticas de inmigración más restrictivas.
Según esta legislación, los fiscales generales estatales pueden solicitar órdenes de tribunales federales para obligar al gobierno a detener a inmigrantes acusados de ciertos delitos o incluso restringir visas a ciudadanos de países que se niegan a aceptar la repatriación de sus ciudadanos. Por ejemplo, el fiscal general de Texas podría solicitar la suspensión de visas de trabajo para trabajadores de China o la prohibición del turismo de negocios de la India si esos países no cooperan para devolver a sus ciudadanos deportados.
Sin embargo, esta ampliación de poderes sólo funcionaría en una dirección: los estados podrían demandar al gobierno federal para liberar a un inmigrante, pero no tendrían el poder de impugnar las detenciones que consideren ilegales.
Cambios en los motivos de la detención obligatoria
Otro aspecto controvertido de la Ley Laken Riley es la proliferación de delitos que justificarían la detención obligatoria de inmigrantes. Actualmente, estas medidas se suelen aplicar en casos de delitos graves o graves, pero el proyecto de ley también incluirá delitos menores, como hurto o hurto.
Los críticos advierten que la medida podría desviar recursos de la detención de inmigrantes involucrados en delitos graves, sobrecargando un sistema que ya está limitado por su capacidad y presupuesto.
«Este tipo de regulaciones pueden abrumar al sistema y desviar la atención de casos realmente de alta prioridad, como los de criminales peligrosos», dijo Aaron Reichlin-Melnyk, analista del Consejo Estadounidense de Inmigración, en una conferencia telefónica con periodistas.
Contexto y contexto legal
El proyecto busca abordar la frustración republicana por la aplicación de la ley de inmigración bajo Joe Biden y administraciones anteriores. En 2023 La Corte Suprema dictaminó que Texas y Luisiana carecían de legitimación activa para buscar cambios en las prioridades de deportación establecidas por la administración Biden, que priorizaba la deportación de inmigrantes considerados una amenaza para la seguridad nacional o involucrados en delitos graves, relegando los casos de violaciones menores.
La Ley Laken Riley intentaría revertir ese precedente, otorgando a los estados el derecho de demandar al gobierno federal por la interpretación de sus políticas de inmigración. Además, permitiría impugnar decisiones de jueces de inmigración relacionadas con la liberación de detenidos, algo que actualmente es responsabilidad exclusiva del Departamento de Justicia.
«Los estados han intentado repetidamente obligar a la administración Biden a cumplir con sus responsabilidades de aplicación de la ley, pero no han tenido éxito», añadió Vaughn, destacando la necesidad de mecanismos legales más eficaces para los estados.
Críticas y preocupaciones internacionales
La capacidad de los países para bloquear visas para nacionales de ciertos países ha generado preocupación en algunos sectores debido al impacto político y económico que esto podría generar.
«Permitir que un juez de distrito o un fiscal general bloquee las visas podría desencadenar una crisis diplomática con graves consecuencias para la economía estadounidense y la inmigración en general», advirtió Reichlin-Melnyk.
El senador demócrata Chris Murphy también se opuso a la disposición, argumentando que podría convertir el sistema de inmigración en un campo de batalla legal en los tribunales locales.
«No creo que queramos un sistema de inmigración que esté constantemente litigado en los tribunales de distrito de todo el país», dijo Murphy en una entrevista de prensa reciente.
Defensores y detractores
Si bien muchos demócratas y grupos proinmigrantes han criticado el proyecto de ley por considerarlo excesivo y potencialmente dañino, los defensores republicanos lo ven como una herramienta necesaria para contrarrestar lo que consideran una falta de acción por parte del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración.
“Las disposiciones relativas a los Procuradores Generales son la base de esta ley. Si eliminamos esa parte, el proyecto de ley perderá el 90 por ciento de su impacto”, dijo el congresista Chip Roy, uno de los principales patrocinadores de la Ley Laken Riley.
Asimismo, los defensores argumentan que las políticas actuales no han utilizado todo el arsenal de herramientas legales disponibles para combatir los delitos cometidos por inmigrantes. Según ellos, la Ley Laken Riley colmará estas lagunas y garantizará una aplicación más estricta de las leyes.
Un futuro incierto para el proyecto de ley
Pese a su aprobación en la Cámara de Representantes, el proyecto de ley afronta un camino difícil en el Senado, donde los republicanos necesitarán el apoyo de al menos siete demócratas para lograr la aprobación final.
Si se convierte en ley, es probable que algunas de sus disposiciones enfrenten desafíos legales en los tribunales federales, particularmente aquellas relacionadas con la detención obligatoria de inmigrantes y la emisión de visas. Sin embargo, la ley de Laken Riley ya ha conseguido reactivar el debate sobre la inmigración en Estados Unidos, marcando una nueva etapa en la búsqueda de políticas más restrictivas y fortaleciendo el papel de los estados en este ámbito.
Mientras tanto, el debate en torno a esta legislación subraya la tensión entre las prioridades de seguridad y justicia y los valores de un sistema de inmigración que históricamente ha sido visto como un pilar de la identidad nacional estadounidense.