El Ministerio de Trabajo ha alcanzado un acuerdo con sindicatos y empresarios sobre las medidas a adoptar para lograr un entorno laboral más igualitario para las personas LGTBI. Así lo ha confirmado este lunes la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en una entrevista en La Sexta. El acuerdo quedó prácticamente cerrado el 16 de mayo, en la última reunión que los negociadores de las patronales y de las centrales mantuvieron en el ministerio. Ya entonces las fuentes consultadas indicaban que con toda probabilidad el pacto sería tripartito, algo que no se veía desde hace más de un año. En los últimos meses el departamento de Díaz solo lograba acuerdos son los sindicatos.
Según ha detallado su departamento en un comunicado a los medios, el acuerdo contempla un protocolo de acompañamiento a las personas trans en el empleo, “una medida decisiva y pionera para el colectivo”. Además, las empresas de más de 50 personas trabajadoras estarán obligadas a tener medidas para “garantizar la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI” y las compañías con convenios en vigor “deberán abrir negociación para incluir estas medidas”.
“Será obligatorio la creación de un protocolo contra el acoso y la violencia donde se identifiquen prácticas preventivas y mecanismos de detección y de actuación frente al mismo. Será necesaria la formación para la igualdad y no discriminación: incluyendo módulos específicos que incidan en la igualdad de trato y oportunidades y la no discriminación. La Inspección de Trabajo vigilará el cumplimiento de estas medidas contemplando sanciones para las empresas que no cumplan con la norma”, añade el departamento de Díaz.
Este conjunto de medidas aplicará de forma obligatoria a las compañías con más de 50 empleados, pero puede afectar a otras muchas pequeñas, ya que se debe trasladar a todos los convenios.
El texto da desarrollo reglamentario al artículo 15 de la ley trans (aprobada en febrero de 2023), que obliga a las empresas grandes a abordar la igualdad real y efectiva del colectivo LGTBI y establecer protocolos contra el acoso. Para que este deber entrara en aplicación había que definir un reglamento específico, justo el que agentes sociales y Gobierno acaban de cerrar. Una vez entre en vigor las empresas con más de 50 trabajadores tendrán que iniciar la negociación para planificar las medidas a adoptar en un plazo máximo de tres meses. Si no tienen convenio colectivo ni representación de los trabajadores podrán dilatarse seis meses.
El último acuerdo del diálogo social en el que participaron los empresarios con sindicatos y Gobierno fue la Estrategia de Seguridad y Salud laboral, suscrita en febrero de 2023. Desde entonces, Trabajo y centrales han pactado el estatuto del becario (sin traslación al BOE por el rechazo del PSOE), un nuevo incremento del salario mínimo hasta los 1.134 euros al mes en 14 pagas o la reforma del subsidio de paro.
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