Sólo el 23,3% de las empresas españolas forman parte de una organización corporativa

Sólo el 23,3% de las empresas españolas forman parte de una organización corporativa

El escenario del diálogo social en España se encuentra en un momento delicado debido a la decisión del Gobierno de ampliar la participación de las organizaciones empresariales en estas discusiones. A las recién creadas CEOE y Cepyme se les ha sumado Conpymes, grupo estatal vinculado a la empresa catalana Pimec. Este movimiento ha generado tensiones entre las organizaciones empresariales, que quieren consolidarse como verdaderos representantes de los intereses empresariales. Sin embargo, sólo el 23,3% de las empresas están conectadas a alguna de estas entidades.

Últimamente han aumentado las tensiones entre el Gobierno y los representantes de las empresas en la Mesa de Diálogo Social, especialmente tras la propuesta de acortar la jornada laboral de 40 a 37 horas semanales. Esta medida fue bloqueada por PSOE y Sumar, lo que provocó un fuerte rechazo al no ser consultada por los agentes sociales.

El conflicto alcanzó un punto crítico durante la Asamblea General de Cepyme, donde su presidente, Gerardo Cuerva, criticó duramente el «intervencionismo» del Gobierno. Cuerva también denunció intentos de limitar la influencia de los empresarios en las negociaciones, abriendo la puerta a organizaciones nacientes. El gobierno, por su parte, defendió la inclusión de Conpymes y Pimec en órganos como el Consejo Económico y Social (HZZ), pero aún no explicó en detalle cómo se implementará esa representatividad.

El problema es la ausencia de un sistema objetivo para la acreditación de la representación de las empresas en las negociaciones institucionales, algo que sí existe para los sindicatos. Actualmente, existe una disposición del Estatuto del Trabajo que exige que las organizaciones representen al menos el 10% de las empresas y trabajadores a nivel nacional o el 15% a nivel regional para poder participar en las negociaciones de convenios colectivos sectoriales.

Esta falta de claridad también se refleja en la representatividad de las pequeñas y medianas empresas (PYME). Según el Reto Anual de Empleo del Ministerio de Trabajo y Economía Social, sólo el 17,8% de las empresas de 5 a 9 empleados están afiliadas a alguna asociación empresarial, cifra que aumenta hasta el 26,3% entre las empresas de 49 empleados. Este bajo nivel de conectividad se explica en parte por la alta fragmentación del tejido empresarial español, donde el 92% de las empresas tiene menos de 50 trabajadores.

La representatividad también variaría significativamente según el sector y la región. En restauración y construcción, sólo el 18,7% y el 22,9% de las empresas están conectadas a una organización. Por el contrario, en logística e industria las cifras son del 31,9% y 29,7%, respectivamente. Territorialmente, La Rioja tiene el mayor porcentaje de sucursales (38,7%), seguida del País Vasco (33,7%) y Aragón (33,2%), mientras que Andalucía y Madrid tienen el menor porcentaje, con el 15,1% y el 18,2% respectivamente.

A pesar de estos desafíos, el 76% de los propietarios de empresas afiliadas creen que su organización representa sus intereses, aunque este porcentaje varía según el tamaño de la empresa. En las pequeñas empresas esta percepción es del 73,2%, mientras que en las de mayor tamaño llega al 87%.

En este contexto, la «guerra» entre organizaciones corporativas se centra en la representación de los pioneros. Conpymes, respaldada por la catalana Pimec, critica al diario Cepyme como «satélite» de la CEOE. Esta rivalidad refleja diferencias en cómo las empresas grandes y pequeñas ven su influencia y representación en las negociaciones con el Gobierno.

La polémica también tiene un componente político, ya que Cepyme y Foment de Treball acusan al Govern de utilizar la ampliación de representación como una concesión a partidos independentistas como Junts y ERC.