El presupuesto presentado por el Ministerio de Seguridad recibió una fuerte oposición debido a no alcanzar el quórum requerido para su aprobación, dejando sin soporte varias asignaciones esenciales, incluyendo los pagos por primas de antigüedad. La propuesta consideraba un rescate financiero de $800,000 dirigido específicamente a indemnizaciones laborales pendientes, relacionadas con el personal que trabajó en el Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) en los años 2014 y 2015. Esta solicitud está basada en la legislación actual que reconoce estas primas como un derecho legítimo de los empleados públicos con años de servicio.
Sin embargo, durante la sesión de la Comisión de Presupuesto, una serie de diputados impugnó el traslado de fondos, argumentando que parte de ese dinero equivaldría a pagos para funcionarios de alto rango —incluido el actual titular de la cartera de Seguridad— cuando se desempeñaba en la jefatura del SENAFRONT en aquellos años. Este aspecto generó polémica y llevó a que algunos legisladores condicionaran su apoyo a que se transparentara el listado completo de los 223 beneficiarios potenciales. No obstante, el informe presentado por las autoridades no detalló los nombres de esas personas, lo que profundizó las dudas del legislativo.
Al no contar siquiera con quórum, el traslado multipartidario fue suspendido, y quedaron en el limbo tanto los recursos para las indemnizaciones como otras partidas urgentes. Entre ellas, sobresalen los $999,000 planeados para adquirir 400 pistolas eléctricas Taser, equipo no letal destinado a uso operativo por parte de policías locales y agentes del Organismo de Tránsito. La adquisición fue cuestionada por haberse planeado vía compra directa a la empresa Cool Water, señalada como el único distribuidor autorizado en el país, lo que generó críticas relativas a transparencia y potencial riesgo de adjudicación sin competencia.
Pero el presupuesto no solo incluía primas por antigüedad y equipo no letal. También se pidió una cantidad extra de $3.8 millones para financiar las pensiones de 261 exmiembros que pertenecieron a cuerpos de seguridad. La meta afirmada del Ministerio era completar el conjunto económico de beneficios históricamente atrasados y mejorar las capacidades operativas de las fuerzas de seguridad con instrumentos que disminuyan el uso de la fuerza letal.
La reacción de las autoridades fue inmediata. El titular de Seguridad indicó que las compensaciones y bonificaciones están respaldadas por la Ley 241, que asegura estabilidad y reconocimiento financiero a empleados con larga trayectoria. En el caso específico del ministro, quien supuestamente también podría recibir uno de estos pagos, prometió entregar su porción al Hogar San José, un refugio para niños en riesgo ubicado en Panamá Oeste. Este anuncio parecía destinado a reducir la percepción de conflicto de intereses y a aumentar la aprobación política de la decisión.
En su intervención, el viceministro defendió la compra de Taser y la provisión de pensiones como medidas cruciales para actualizar y hacer más humana la gestión policial, además de cumplir con las responsabilidades del Ministerio. Sin embargo, la imprecisión respecto a los fondos específicos y quienes se beneficiarían detuvo la aprobación inmediata.
Quedó también pendiente un traslado previo para subsidiar alquileres de oficinas del Ministerio de Vivienda, que utiliza espacios en Plaza Edison. Esa partida ya había sido objeto de debate y ahora se suma al conjunto de partidas rechazadas, lo que revela que el bloqueo del presupuesto no es un caso aislado, sino parte de una resistencia más amplia dentro de la Comisión de Presupuesto.
La suspensión de estos traslados presupuestarios pone en jaque no solo los compromisos con servidores actuales y exfuncionarios, sino también los planes operativos de seguridad ciudadana. La falta de financiación para los Taser pone en entredicho una estrategia gubernamental que busca disminuir intervenciones letales, mientras que la postergación del pago de antigüedad y jubilaciones podría generar conflictos laborales y un impacto negativo en la moral de las fuerzas de seguridad.
El escenario electoral y político amplifica la relevancia de este rechazo. El cuerpo legislativo, presionado por sectores que demandan transparencia, exigencias de documentos y rechazo a compras directas, se encuentra en una tesitura en la que cada peso asignado al rubro de seguridad es observado con lupa. Para que el presupuesto avance, se requerirá de un quórum influyente y de la presentación de un informe claro que identifique a los beneficiarios, legitime las compras y asegure que los fondos se dirigen exclusivamente a objetivos operativos y sociales.