Los pequeños y medianos empresarios, representados por la dirección de Cepyma, alzaron su voz contra la «intervención» y la «soberanía» del Gobierno. Durante la Asamblea General, varios empresarios compartieron un manifiesto «por la libertad de empresa», en el que expresaron su compromiso y preocupación por las políticas que afectan las relaciones corporativas. Al congreso de representantes del Gobierno asistió José Luis Escrivá, aunque también participaron el alcalde de Dardos y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.
Al acto asistieron el presidente de CEOE, Antonio Garamendi y el presidente de Cepyme, Gerardo Cuerva. En su discurso, Cuerva denunció las medidas del Gobierno como un ataque injusto y perjudicial a los derechos de las empresas y del Estado, citando el artículo 38 de la Constitución española, que garantiza la libre constitución de las empresas.
El manifiesto de las protestas españolas por la libertad de emprender destaca las líneas rojas que el Gobierno no debe seguir para no interferir en el buen funcionamiento de las empresas, evitando presiones y obstáculos en su desarrollo. En definitiva, cuestionan la libertad empresarial, se oponen al intervencionismo y a la estigmatización de los emprendedores. Cepyme quería que las empresas obtuvieran ganancias en un entorno regulatorio más justo.
Durante la lectura del manifiesto, los pequeños empresarios españoles defendieron «la dignidad y la libertad empresarial». Según Cuerva, «la situación ha sido comunicada oficialmente al Gobierno».
Las adiciones e intervenciones legales en temas como salarios e impuestos han afectado el buen funcionamiento de la empresa. «Tenemos que resolver esta situación», dijo Cuerva.
Dignidad corporativa, costos y control político
Los empleadores trabajan estrechamente con los sindicatos en reformas importantes y negociación colectiva. Acusó al Gobierno de intentar alterar el equilibrio interno de las relaciones sociales condenando los horarios de trabajo y la injusticia en el trabajo.
Critico que en los últimos años se haya utilizado el diálogo social con fines políticos para buscar el bien común. Las tensiones actuales en la mesa del diálogo social coinciden con la implementación de reformas. «Pedimos protección estatal de la organización interna de la empresa», exigen. Cepyme se negó a presentar una propuesta alternativa y ahora presenta este manifiesto, buscando promover el diálogo social y la negociación colectiva, y exigiendo mayor rendición de cuentas al Gobierno.
«Pedimos que se garantice la protección del Estado en la organización interna de la empresa.»
Los empresarios entienden que el Gobierno está imponiendo una política de aumento de costos, gastos burocráticos, fiscales y sociales. También se afirma que los jóvenes son víctimas de la estigmatización de los emprendedores, la cual se basa en la búsqueda de ventajas y resultados. Reafirmar el papel de la empresa en la sociedad y la economía.
A Díaz se le pidió un análisis adecuado de la productividad, los costes laborales y la vulnerabilidad de los sectores más afectados por la reforma laboral. «Hay injerencias políticas en la realidad del tejido productivo español», critica. «Hemos pedido a los afectados que no implementen decisiones que tienen un impacto directo en la productividad y el funcionamiento de muchas empresas».
Control, sobrerregulación y rigidez
Notificar al Gobierno sobre la implementación de «medidas de control, seguimiento y sanción» que reflejan una falta de confianza en el cumplimiento de la normativa por parte de las empresas. El intervencionismo se extiende a través de regulaciones, registros y planes de eficiencia energética que aumentan la carga burocrática.
«Pedimos limitar la influencia del Gobierno en el funcionamiento y organización interna de las empresas y garantizar su flexibilidad. «La imposición de modelos europeos de flexibilidad sin su adecuada adaptación será un error costoso para todos los ciudadanos españoles», afirman.
Este punto incluye diversos aspectos relacionados con la flexibilidad, como el aumento de los costos laborales, la ampliación de las causas compensatorias y las intervenciones salariales, incluido el salario mínimo y la reducción de los costos laborales en los últimos años. «Entrar en el funcionamiento interno de empresas vinculadas al Estado viola los derechos de propiedad, la toma de decisiones y la capacidad de responder a un entorno en constante cambio», concluyen.