El año pasado cerró con un déficit público dos décimas mejor de lo esperado (3,66% del PIB, equivalente a 53.556 millones) y una recaudación de impuestos en máximos: 271.935 millones, un 6,4% más que el ejercicio previo. Aun así, la presión fiscal ha caído tres décimas, del 38,3% al 38%. Así lo ha detallado este jueves la ministra de Hacienda y vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha hecho gala de la salud económica y financiera del país y ha defendido la gestión del Ejecutivo, alegando que cada año ha cumplido con las tasas de referencia comprometidas con Bruselas. También ha asegurado que este año se cumplirá la meta del 3% que marcan las reglas europeas, y que se logrará sin ajustes.
“Hemos batido ampliamente todas las previsiones”, ha remarcado la ministra en una rueda de prensa celebrada este jueves en la sede del ministerio. “El déficit se ha reducido 6,4 puntos desde el máximo que se alcanzó en 2020″. Una rebaja de 60.000 millones en tres años, ha subrayado, añadiendo que este ajuste se produce, además, con las reglas fiscales suspendidas. “Esta mejora del saldo fiscal se ha conseguido sin recorte alguno”, ha añadido.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya había avanzado el miércoles que el déficit público había cerrado el ejercicio con una mejora sobre lo previsto (3,9%) y un punto por debajo que hace un año (4,7%), una cifra que ahora deberá confirmar Eurostat, la oficina estadística europea, a la que Hacienda enviará la información el próximo día 27. “Gracias al buen desempeño económico del país ya le puedo garantizar que en 2023 vamos a cerrar con un déficit público del 3,7%”, dijo Sánchez en la sesión de control celebrada en el Congreso.
La mejora del déficit se explica en gran medida con el crecimiento robusto que ha mantenido la economía y la fuerte creación de empleo. La Administración central asumió la casi totalidad de la reducción del déficit en 2023: sus números rojos bajaron del 3% al 2,1%, equivalente a 30.828 millones y 5,6 puntos porcentuales por debajo de la marca de 2020. También fue el subsector que asumió el mayor coste del escudo social desplegado desde la pandemia, por ser el que tiene más músculo con diferencia.
Las comunidades, aunque hayan rebajado el agujero en sus cuentas en dos décimas, del 1,1% del PIB al 0,9%, han incumplido con su objetivo, del 0,6%. Según la ministra, la reducción del déficit autonómico responde los recursos récord repartidos a través del sistema de financiación. “En los seis años del Gobierno Sánchez, las comunidades autónomas van a recibir un 40% más de recursos que durante el Gobierno de Mariano Rajoy”. Solo cinco comunidades cerraron con superávit. En el caso de las entidades locales, con un objetivo del 0,1%, ha habido una leve mejora, hasta el 0,09%. También la Seguridad Social cumplió con su tasa de referencia.
“Los datos avalan nuestras políticas económicas”, ha insistido Montero, quien ha destacado las cifras “de empleo récord”, “un crecimiento económico que el año pasado multiplicó por cinco la media de la zona euro” y una transformación decidida del tejido productivo a través de los fondos europeos. “La receta austericida que proponen los gobiernos de derechas es un error. (…). España es un país estable”, ha añadido en referencia a las críticas de la oposición y parte del sector empresarial.
La recaudación por IRPF creció un 9,9%, hasta un récord de 120.280 millones. “Es lógico que el estado recaude más con la creación de empleo, la subida salarial, incluido el salario mínimo”, ha defendido la ministra, quien ha recordado que el resultado se produce pese a la rebaja para las rentas más bajas, que ha tenido un impacto de 1.700 millones de euros. Los ingresos por el impuesto de sociedades también repuntaron con fuerza, un 9%, empujados por la mejora de los beneficios empresariales, hasta los 35.060 millones. El IVA, en cambio, moderó su avance: brindó solo un 1,6% más (83.909 millones), un frenazo que Montero ha achacado a las rebajas de la fiscalidad energéticas y de los alimentos, aunque también ha impactado la moderación de los precios. Los impuestos especiales, por su parte, subieron un 2,6%. Un tercio de la subida recaudatoria, ha explicado la número uno de Hacienda, se explicaría por la inflación.
Financiación autonómica
Pese a los buenos datos lucidos por la vicepresidenta primera, acaban de abrirse varios frentes espinosos en materia de finanzas públicas: el Ejecutivo ha renunciado a los Presupuestos de este año, debido a la convocatoria adelantada de elecciones en Cataluña, tiene que lidiar con las exigencias de la Generalitat, que acaba de presentar una propuesta de financiación singular que el resto de territorios y expertos rechaza, y deberá volver a enfrentarse a la mayoría del PP en el Senado para aprobar una nueva senda de déficit y deuda.
Montero ha insistido en que el modelo de financiación que impulse el Gobierno, una reforma pendiente desde hace una década, estará fundamentado en los recursos que los que deben disponer todas las comunidades para garantizar los mismos servicios a los ciudadanos vivan donde vivan. “El modelo ya recoge alguna singularidad”, ha reconocido Montero, por ejemplo en el caso de las islas. “Y esta es la dificultad que tenemos para encontrar el consenso. Aquí la cuestión estriba en el peso que pueda tener cada una de ella”. Sin embargo, ha insistido sobre la propuesta de la Generalitat, “el modelo tiene que garantizar la suficiencia de recursos en cada territorio. Cada uno puede poner a discusión su propia variable, pero yo ya advierto de entrada”.
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