Los sindicatos más representativos de España, CC OO y UGT, alcanzaron este lunes un principio de acuerdo con el Ministerio de Seguridad Social para corregir el plan para comprar la cotización por periodos de prácticas pasados. El nuevo texto amplía el tiempo para poder hacer frente al pago de estas cotizaciones, que pasa de cinco años a siete; ensancha la ventana para la suscripción del convenio especial de tres años y medio a cuatro y medio; y toma como referencia la base del año en que se cursaron las prácticas (lo que reduce mucho el precio original, que rondaba los 290 euros por mes). La Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), en un comunicado emitido este martes, aplaude estos cambios, pero insiste en dos aspectos que no le convencen: pide una mayor bonificación de las cuotas y que se puedan recuperar más años. “Queremos pedir al Gobierno que mantenga abierto el diálogo con los colectivos afectados hasta que esta situación se resuelva completamente”, dice el comunicado de la asociación, que agrupa a 88 sociedades científicas que representan a más de 40.000 profesionales.
El acuerdo de las centrales y el Ejecutivo es insuficiente para los científicos. “No corrige todas las cuestiones que, a nuestro entender, no son adecuadas en la orden ministerial aprobada”, señala el comunicado. La COSCE detalla dos de los asuntos “más importantes” que no están resueltos, “la obligatoriedad de que las personas afectadas deban abonar también la parte de la cuota del empleador y que no puedan recuperarse más de cinco o siete años porque algunas de las personas afectadas trabajaron con becas por las que no cotizaron durante periodos de tiempo mucho más amplios”.
En circunstancias normales, la parte empresarial de las cotizaciones es la más elevada, un 23,6% de la base reguladora (similar al salario bruto anual) por contingencias comunes, mientras que el trabajador abona otro 4,7%. Los científicos piden que la Seguridad Social pague la parte de la empresa (que en su caso suelen ser Administraciones públicas) y que ellos se hagan cargo de la del empleado. Sin embargo, los convenios especiales (como el que se articula para esta compra de cotización) funcionan de otra forma: como se trata de una compra a posteriori, la Seguridad Social no diferencia por conceptos.
En el comunicado, la COSCE celebra buena parte del acuerdo entre sindicatos y Gobierno: “Felicitamos al ministerio por la decisión de rectificar algunos de los aspectos más lesivos que incorporaba la orden ministerial publicada en el BOE. En concreto, consideramos un acierto la rectificación en cuanto a que la nueva orden tome como base de cotización del convenio especial la base mínima correspondiente al año de realización de la actividad y no la actual como establece la orden ministerial aprobada”. Esta medida es la que más reduce el coste, de en torno a 290 euros a unos 100 en algunos casos, dependiendo del año en que se cursaron los estudios.
“Igualmente consideramos acertado que las personas afectadas que gracias a la regulación de 2011 rescataron dos años entonces puedan ahora sumar otros cinco a ese periodo. También nos parece una mejora la decisión de extender a cuatro años y medio el periodo de adscripción al convenio, así como la ampliación de la posibilidad de fraccionamiento del pago hasta el doble del periodo rescatado”, añaden los científicos en su comunicado.
UGT y CC OO anunciaron su visto bueno a la nueva propuesta del Gobierno mediante un comunicado conjunto este lunes, tras una reunión en el ministerio. El escaso margen de tiempo que existe para que entre en vigor la orden ministerial que contiene el texto ahora reformado —lo hará el próximo sábado, 1 de junio—, impide que estas correcciones vayan a entrar a tiempo. Por ello, ambos sindicatos, a la espera de recibir la propuesta definitiva del Ministerio, y ante el escaso margen de tiempo existente, recomiendan a las personas afectadas que “siempre que sea posible”, esperen a solicitar la suscripción del convenio especial “hasta que se formalice la tramitación de la nueva regulación”.
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