El Canal de Panamá recibió un aviso de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declarando inconstitucional la Ley no. 20 de 2006, que restablece la vigencia de la Ley núm. 44 de 31 de agosto de 1999 Canal de Panamá (CHCP).
Con esta decisión judicial, el Canal de Panamá asume responsabilidad constitucional sobre el área geográfica definida por la Ley no. 44 de 1999, con el objetivo principal de proteger sus recursos hídricos. Este proceso se llevará a cabo en estrecha colaboración con las instituciones pertinentes, según lo establece la Constitución Política de la República de Panamá.
La Junta Directiva del Canal y su administración trabajarán con el gobierno del presidente José Raúl Mulin para implementar las acciones necesarias para abordar de manera efectiva la crisis hídrica que enfrenta Panamá. El objetivo es asegurar de manera sostenible el suministro de agua para el consumo humano y para el funcionamiento de las vías navegables interoceánicas.
El actual ministro de Medio Ambiente, Juan Carlos Navarro, y el abogado Juan Ramón Sevillano también interpusieron una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 20 de 2006 en enero de este año.