El Consejo de Ministros de Panamá ha solicitado a la Asamblea Nacional la extensión de las sesiones extraordinarias hasta el 26 de junio de 2025. Esta petición busca frenar los impactos de la Ley 468, que fue sancionada recientemente, alterando el esquema de intereses preferenciales en los préstamos hipotecarios para la compra de casas.
La normativa 468, aprobada el 24 de abril de 2025, implementó alteraciones importantes en el modelo de subsidios para créditos hipotecarios. Una de las actualizaciones más notables es la disminución de hasta un 1% en la tarifa preferencial y la adición del artículo 12, que exige a las instituciones bancarias analizar la situación económica del beneficiario entre seis y doce meses antes de que se termine el período del subsidio recibido.
Estas alteraciones provocaron preocupación en el sector bancario y entre los desarrolladores de bienes raíces, quienes señalaron que las recientes regulaciones podrían afectar la estabilidad del mercado hipotecario y la accesibilidad de viviendas para miles de familias en Panamá. Frente a estas inquietudes, el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, indicó que la propuesta de suspensión permitiría que la Ley 3 de 1985, que no considera la reducción del subsidio, se aplique nuevamente de manera provisional. Esta medida tiene como objetivo facilitar la finalización de procedimientos pendientes para aproximadamente 9,000 familias que desean adquirir una casa propia.
El aplazamiento de la Ley 468 será enviado al Legislativo mediante el proyecto de ley 59-92, el cual se debatirá durante las sesiones extraordinarias. En este momento, la Asamblea Nacional está llevando a cabo sesiones extraordinarias hasta el 12 de junio para la confirmación de designaciones en diversas instituciones del Estado, por lo tanto, añadir este nuevo proyecto demandará una prolongación del periodo legislativo.
La situación ha generado un debate en torno a la necesidad de equilibrar las políticas fiscales del Estado con el fomento al acceso a la vivienda. Mientras el gobierno busca evitar un aumento en la deuda pública, el sector de la construcción y las instituciones financieras enfatizan la importancia de mantener incentivos que promuevan la inversión y el desarrollo económico.
La Ley de Intereses Preferenciales ha sido una herramienta clave en el impulso del sector inmobiliario panameño durante más de cuatro décadas. Su modificación ha generado incertidumbre en el mercado, afectando la aprobación de nuevos créditos hipotecarios y la continuidad de proyectos de construcción. La suspensión temporal de la Ley 468 busca brindar un respiro al sector mientras se evalúan alternativas que permitan una reforma equilibrada y sostenible del régimen de subsidios.
En los próximos días, es posible que tanto el Ejecutivo como el Legislativo trabajen juntos para encontrar una solución que aborde las preocupaciones de las partes involucradas, garantizando que las familias en Panamá puedan obtener vivienda sin comprometer la estabilidad fiscal del país.