A partir del 2 de agosto, España empezará a aplicar la Directiva Europea de Conciliación, que establece un mínimo de cuatro semanas de permiso retribuido para los padres desde el nacimiento de un hijo hasta los 8 años. Sin embargo, su implementación quedará suspendida hasta 2025 hasta que el gobierno de coalición negocie los términos.
Esta directiva, aprobada en 2019, exige que todo trabajador tenga un permiso parental de al menos cuatro meses antes de que el niño cumpla 8 años. Estos dos meses son intransferibles y deberán ser sancionados si no se completan. El gobierno tiene actualmente un plazo adicional hasta agosto para adaptarse a estos requisitos.
El derecho de familia ya reconoce este derecho, pero el derecho a definir cómo y cuándo se financiará también deja pendiente el pleno cumplimiento de la directiva. Responsables del Ministerio de Derechos Sociales insisten en que no renunciaremos a cuatro semanas de salario, aunque algunos miembros del Gobierno ya lo han hecho.
El parlamentario de Sumar, Carlos Martín Uriza, explica que la directiva exige al menos 22 semanas de licencia remunerada: 14 por parto y 8 por cuidado antes de que el niño cumpla 8 años. Actualmente, España ofrece 19 semanas, divididas en 16 semanas desde el nacimiento y 3 semanas adicionales de lactancia.
Se propone al PSOE ampliar el permiso de maternidad de 16 a 20 semanas y garantizar el pago de 4 de las 8 semanas del permiso parental. Esto podría costarle al gobierno alrededor de 250 millones de euros durante la semana salarial. Además, si no se aplica la normativa a tiempo, la multa podría alcanzar los 53.600 euros diarios.
Hay mucha gente joven y dudas entre trabajadores y empleados sobre cómo financiar estos permisos. Según Catarina Capeáns, experta en derechos laborales, aunque la ley reconoce derechos, no especifica cómo se deben pagar. Esto ha creado confusión sobre el porcentaje del salario que se destinará a estas licencias y su coste.
Mamen Sánchez, consultora laboral, también dice que la falta de claridad sobre cómo aplicar estos permisos ha creado incertidumbre en muchas empresas. La responsabilidad del pago recae en el Estado, pero es necesario un desarrollo regulatorio para que sea vital, con el objetivo de cumplir plenamente la directiva en 2025.